Abel Pérez Zamorano
Es el
nuestro uno de los países más ricos de la Tierra: número trece en superficie,
con casi dos millones de kilómetros cuadrados y once mil kilómetros de litoral;
nuestros veneros de petróleo aún siguen siendo ricos (octavo lugar mundial en
extracción); en producción de plata ocupamos el primer sitio (4,778 toneladas
en 2011), y en oro, el noveno (87 toneladas). Somos el sexto productor mundial
de camarón (SIAP 2010, CONAPESCA), y decimosegundo en atún (SAGARPA,
CONAPESCA). En producción agrícola: primer productor de aguacate ( y primer
exportador); segundo en chile (primer exportador) y limón (segundo exportador);
cuarto en maíz, sorgo, naranja, fresa y pollo; quinto en mango, papaya, huevo y
frijol; séptimo en uva, café, garbanzo (segundo exportador) y carne bovina;
octavo en sandía (primer exportador) y en miel (tercer exportador); finalmente,
décimo en cebolla (cuarto exportador), jitomate (segundo exportador) y melón
(séptimo exportador) (Faostat, Trade Map, 2009). En suma, es la nuestra una
enorme riqueza, particularmente en alimentos, pero en medio de tal abundancia
85 por ciento de la población vive en la pobreza; uno de cada cinco, en pobreza
extrema. Como dijera el vate zacatecano: Patria mía, en piso de metal vives al
día, de milagros, como la lotería.
Y a tales extremos han llegado
las cosas, que el gobierno ha debido instrumentar políticas de emergencia para
atender a los pobres, mediante programas como: Oportunidades, referente
obligado de “política social”; entrega de “despensas”: una bolsa con un
kilogramo de frijol, arroz, azúcar y sal, medio litro de aceite, dos bolsas de
sopa de pasta, un paquete de leche en polvo, y, excepcionalmente, uno de harina
de maíz, repartida cada mes a las familias, y eso no en todo el país. Para los
ancianos está Setenta y Más. El sector privado ha encontrado un filón de oro en
el Teletón y otras obras de pretendida filantropía, como el regalo de cobijas y
chamarras en regiones frías, claro, con la correspondiente fotografía,
testimonio de la magnanimidad de los donadores, siendo que ellos son la causa
de lo mismo que ahora van a “salvar”; y con esa aureola, las empresas “se
posicionan”; logran asimismo deducción de impuestos, y, finalmente, adormecen
la conciencia de los pobres, que terminan viéndolos como sus ángeles
benefactores.
Pero estos métodos no han
resuelto el problema en México ni en parte alguna del mundo, antes bien, el
número de pobres aumenta. La historia no registra el caso de un solo país donde
el pueblo haya salido de la pobreza con dádivas, pues a lo sumo se atacan los
efectos, dejando intactas las causas estructurales: el mecanismo de apropiación
y distribución del ingreso. Cuando mucho, se atenúan los efectos más lacerantes
de la pobreza. No obstante ello, se aplican para suavizar los efectos de la
miseria y tranquilizar el ánimo del pueblo; además, los funcionarios ganan en
imagen, y esta política sirve, ésta sí, como un verdadero chantaje y control
político sobre los pobres, que ante el riesgo de perder los “beneficios” del
“programa”, se ven obligados a plegarse al partido que lo administra.
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Programas sociales, una dádiva del gobierno.
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Vista con detenimiento, la
caridad como política de Estado constituye una afrenta para el pueblo, al que
primero se le ha quitado todo lo que con su trabajo creó, y que por tanto a él
pertenece, y, ya despojado, se le hace “el favor” de regresarle una migaja, eso
sí, publicitada a tambor batiente y con fanfarrias. Es perniciosa también
porque mata el orgullo y la dignidad del pueblo, pues no es igual comer el pan
ganado con el esfuerzo propio, con base en un derecho, que recibirlo como
graciosa dádiva de manos de magnánimo señor. El efecto en la conciencia popular
es devastador, pues de un pueblo rebelde y heroico, como lo es el mexicano, se
hace uno dócil y sumiso.
Hemos llegado a estos extremos
porque la explotación de los trabajadores mexicanos ha rebasado toda medida,
comparada con las economías capitalistas avanzadas, al grado de que el sistema
atenta contra su base misma, que presupone que el rico viva del pobre, pero
éste pueda sobrevivir con su ingreso, algo ya imposible hoy, pues éste no
alcanza ya ni para comer; el trabajador no puede obtener con su esfuerzo ni
siquiera un salario equivalente al valor de su fuerza de trabajo, de elemental
subsistencia. Nuestro capitalismo, desenfrenado y rapaz, ha llevado, en sus
excesos, las cosas a un punto tal en que ahora los propios empresarios y su
Estado se ven obligados a sostener con ayudas oficiales a ese pueblo que ellos
mismos han privado de lo más elemental.
Frente a todo esto, hace falta
restablecer el antiguo criterio de apropiación, que otorga la propiedad del
producto a quien con su trabajo lo creó, y no como hoy, al dueño de los medios
con que se produjo. Es necesario rescatar la dignidad del pueblo, y la solución
efectiva es generar empleos, suficientes en número y bien remunerados: según
estudios serios, hoy en día, para adquirir la canasta básica el salario mínimo
requerido es de 350 pesos diarios; deben garantizarse todas las prestaciones de
ley y un sistema de pensiones que permita una vejez tranquila y un ingreso
digno a quienes ya entregaron sus energías en la construcción de este país. Se
garantizaría así el derecho humano básico al trabajo, que dignifica y permite
la plena realización de todas las capacidades potenciales del hombre, y le
protege de la destrucción física, mental y moral. Ciertamente, realizar todo
esto requiere de una gran conciencia y organización del pueblo, adquiridas en
un proceso que no puede ocurrir de un día para otro, y sería una insensatez
decir a un pobre que está al borde de la inanición que no acepte despensas u
Oportunidades; por el contrario, debe exigirlas allí donde no las haya, e
incluso, de mejor calidad, y esto no mendigando, en espera de una limosna, sino,
reclamando con dignidad y firmeza, pero sin perder nunca de vista lo esencial:
que el problema central a resolver es la injusta distribución de la riqueza,
para que en un futuro, en lugar de lo que hoy vemos prive un sistema
distributivo decoroso y basado en derecho.
México, D.F, a 16 de octubre
de 2012
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Las consecuencias en la salud
no podían ser más desastrosas. Somos primer lugar mundial en obesidad infantil,
y segundo en adultos (siete de cada diez sufren sobrepeso u obesidad), y se ha
disparado la morbilidad en diabetes: quince millones están afectados por ese
mal, con una de las tasas de muerte más elevadas en el mundo por esa causa;
anualmente se realizan 60 mil amputaciones de pie diabético. En el estudio de
la Secretaría de Salud (Dirección General de Información en Salud) “Las 20
principales causas de mortalidad en México, 2000-2010”, aparece como primera de
ellas la diabetes mellitus, y con un crecimiento verdaderamente aterrador: en
el año 2000 se registraron 46,614 defunciones sólo por esa variante del mal; en
2005 fueron 67,159, y en 2010 la cifra saltó a 82,964; durante todo el período,
como causa individual provocó un incremento de 78 por ciento en fallecimientos,
y respecto al total de defunciones, pasó del 10.7 al 14 por ciento,
consolidando su primer lugar. 
A las ya expuestas agréguense
otras consecuencias, a cual más desastrosas, entre ellas, una severa caída en
la productividad laboral, pues aumenta el ausentismo, y las personas enfermas
rinden menos en el trabajo; se ve asimismo mermada la capacidad deportiva de
nuestros jóvenes y se reduce el número de quienes están en condiciones físicas
de practicar y destacar en algún deporte (a ello debe añadirse la gran carencia
de espacios para esa actividad). Por otra parte, se eleva el gasto público y
familiar en atención y servicios médicos y hospitalarios, en detrimento del
nivel general de bienestar de las familias, que se ven en la necesidad de
destinar mayores recursos a la atención de sus enfermos. 