Tomado del muro de Abel Pérez Zamorano
En diciembre pasado, el poder ejecutivo envió
al Congreso una iniciativa de reforma en materia educativa, finalmente aprobada,
y que fue publicada el 26 de febrero. Es público y notorio que tras esta nueva
legislación está el reclamo de poderosos grupos empresariales; pero también han
contribuido a ello la anarquía y los excesos del SNTE, que se ha apropiado de
facto del sistema educativo, y del que sus líderes han venido medrando, con
venta y herencia de plazas, o defendiendo a profesores que, por su escasa
preparación o mal desempeño no debieran estar frente a grupo. Asimismo, una
gran contribución ha hecho el sindicalismo “de izquierda” para crear el
ambiente caótico que da pie a la nueva legislación. Veamos en detalle algunos
aspectos de la misma.
En la Fracción III del Artículo Tercero puede
leerse que: “ […] el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con
funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior
que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La
ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la
evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la
permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación [...]”. Este ordenamiento
no será aplicable a universidades e instituciones educativas que por ley gocen
de autonomía. Asimismo, de acuerdo con la añadida Fracción IX: “[…] se crea el
Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema
estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación […]”.
Como se trata aún de leyes de nivel general, es difícil adelantar conclusiones
puntuales, pero algunas tendencias se vislumbran ya. Aunque antes de
analizarlas, debe advertirse que dada la complejidad del problema educativo,
estos cambios no representan en sí una reforma de “la educación”. En realidad
se centran en las relaciones laborales y el desempeño docente.
Con el examen de oposición, la reforma se
plantea eliminar vicios como la venta de plazas y la discrecionalidad en la
contratación y el otorgamiento de cargos directivos, excesos en que ha
incurrido el SNTE (y también otros sindicatos del sector educativo) durante
años de anarquía. Pero sería muy peligroso que so pretexto de combatirlos se
cayera en un esquema totalmente vertical, que otorgue poder omnímodo al Estado
y margine a la sociedad de la toma de decisiones. Por otra parte, para combatir
el multichambismo y lograr que los profesores asuman un mayor compromiso con su
trabajo, se propone implantar escuelas de tiempo completo, que demandarán la
presencia de docentes y alumnos todo el día. Eso está bien, pero a la par
debieran atenderse las circunstancias económicas que propician el fenómeno,
concretamente, los bajos salarios. Sólo como ejemplo, aunque con diferencias de
un estado a otro y entre los dos sistemas, es normal que un profesor de
primaria, de contrato, gane 3 mil pesos (al mes), sin generar antigüedad (y que
dure en tal situación hasta diez años, o más); y está el caso de los jóvenes
maestros que trabajan para el CONAFE, a cambio de un “apoyo” de $1,200. En
general, el salario inicial de un profesor ya basificado es de aproximadamente
cinco mil pesos. Y como es de esperarse, esta situación ha creado su contraparte:
la anarquía en el desempeño escolar y los reclamos laborales, prohijada por
grupos sindicales, como los de Oaxaca, guiados por una política antipopular que
absolutiza los derechos laborales, y a la que nada importa dejar a los niños
sin clases: en 2006 el paro magisterial duró desde mayo hasta noviembre. Igual
ocurre a nivel universitario, donde los sindicatos paran las instituciones, sin
considerar el daño causado a los estudiantes.
Con la nueva ley se pretende poner coto a esos
excesos, haciendo depender la estabilidad laboral y los salarios de la
evaluación, elevada ahora a rango constitucional; ya se verá en qué forma y
medida; pero con todo lo positivo que ésta tiene, es legítimo el temor de
muchos profesores al riesgo de simples actos de poder, al amparo de la ley, que
los dejen en extrema vulnerabilidad junto con sus familias. Y hay lugar al
temor, si se tiene en cuenta que las instituciones mexicanas, siempre sujetas a
manipulación política, violentan cotidianamente el Estado de derecho. Además,
la evaluación deja de lado la calidad de la enseñanza impartida en las escuelas
normales, así como las condiciones materiales en que éstas operan, y que
afectan decisivamente la formación académica de los maestros y, por tanto, sus
posibilidades de aprobar el examen. Es un contrasentido que, si el Estado formó
a los profesores y certificó su calidad, examen tras examen, año tras año,
ahora, una vez concluidos sus estudios, todavía deba evaluar su capacidad para
ingresar al servicio educativo. En buena lógica, si el profesor no aprueba el
examen de ingreso, será el propio sistema el que resulte reprobado.
Aunque no se habla expresamente de privatizar
la enseñanza, ello ha venido ocurriendo durante décadas, en la medida que las
clases media y alta han creado un negocio, y a la vez sistema educativo propio
donde educar a sus hijos, sin las deficiencias del público. Pero en este
último, profesores y directores, obviamente con anuencia oficial y
contraviniendo el precepto constitucional de gratuidad, han convertido en norma
el pedir “cuotas” a los padres de familia, con cualquier pretexto, convirtiendo
a las escuelas en negocios privados. Es preocupante, empero, que la nueva ley
parece estar dando la pauta para que las escuelas resuelvan solas sus necesidades,
como indica el Artículo Quinto transitorio: “Fortalecer la autonomía de gestión
de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de
mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas
de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos,
maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en
la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”. ¿Cómo entender tal
ordenamiento? ¿Más libertad, o dejarlas en el desamparo?
Una última consideración. Es claro que una
auténtica reforma que busque elevar la calidad educativa no puede ignorar los
dañinos contenidos de los programas de la televisión, la maestra más influyente
de México; y, lamentablemente, nada se dice hoy sobre la estulticia y los
efectos idiotizantes de los reality shows y las telenovelas; de los programas
que promueven violencia, ambición, frivolidad y un hedonismo estúpido. Y
seguramente así seguirán las cosas, pues está de por medio el sacrosanto e
intocable “sector privado”, no obstante que su mercancía daña la mente de todo
el “sector social”. Tampoco se hace referencia alguna a la Internet, en sus
aspectos negativos.
En fin, el sistema educativo se encuentra entre
dos peligros; lo dicho, Escila y Caribdis: de una parte la anarquía y los
abusos de un sindicalismo descompuesto (de izquierda y de derecha), y, de otra,
el de un poder gubernamental absoluto, cobijado en la ley. De ahí la necesidad
de normas que salvaguarden la disciplina y la calidad educativa, mas sin
ignorar ni las necesidades de los profesores ni la imprescindible participación
social en el quehacer educativo. Esperemos que las leyes reglamentarias logren
ese indispensable equilibrio. Y finalmente, no olvidemos el verdadero fondo del
asunto: la necesidad de formar profesores muy capacitados, humanistas y
profundamente identificados con la labor educativa; mientras predomine entre
ellos el simple espíritu economicista, la educación seguirá postrada, y México
con ella.
México, D.F, a 5 de marzo de 2013
