Liseo González
Como ya muchos saben, las
comunidades pobres de algunos estados han optado por la autodefensa de sus
propias comunidades. Han surgido estos grupos en Veracruz, Chiapas, Oaxaca,
Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y con mayor fuerza en Guerrero.
En las partes que han proliferado son sobre
todo zonas campesinas e indígenas. Que resaltan por los altos niveles de
pobreza, marginación, abandono y presencia de grupos criminales. Este
crecimiento fuera de control es una navaja de doble filo, porque pueden ser
grupos formados por la propia comunidad para su protección o simplemente grupos
creados para renovar los cacicazgos, los grupos parapoliciacos o abrir una
puerta más para el crimen organizado y el narcotráfico armados.
A grandes rasgos el fin de estos grupos podría
estar justificado y hasta ser necesario ante tanta inseguridad. Pero por otro
lado los riesgos de mayor arbitrariedad, abusos y violación a los derechos humanos
aumentan, puesto que en la mayoría de los casos estos grupos se autoproclaman
jueces y dictadores de sentencias. Aquí unos ejemplos: el homicidio de un
hombre en Atliaca, municipio de Tixtla, los tres presuntos delincuentes que han
matado y las decenas de detenidos en Ayutla que no pudieron ser vistos en un
principio por la Procuraduría estatal, y los señalamientos contra Fredy Gil
Pineda Gopar, Alcalde de Santos de Reyes Nopala, Oaxaca, a quien se le ha
acusado de crear un colectivo de autodefensa enfocado a sus propios intereses.
El estado con mayor autodefensa es Guerrero,
donde los habitantes de más de 10 comunidades salen a la calle encapuchados,
con machetes o armas, colocan retenes y hacen frente a los delincuentes. Se
sabe que estos grupos cuentan con el respaldo de ediles, síndicos, regidores y
del mismo gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien ha afirmado que ante la
incapacidad de los poderes públicos, hay que dejar que la gente se arme para
defenderse, e “inocentemente” se ha limitado a
brindar apoyo a tal iniciativa.
Según el artículo 17 de la Constitución
“ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar su derecho”, pero la inseguridad puso en entre dicho esto y el
hartazgo, el miedo y la inseguridad pudieron más y así nacieron algunos grupos
de autodefensa o policías comunitarias.
Una revisión periodística revela que en el país
actualmente hay 36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en
Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz,
dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco. (Revista
Proceso, 23 de febrero de 2013).
Si bien es un derecho la autodefensa, este
problema nos deja ver la ineficacia del Estado mexicano para defendernos y
también nos plantea unas preguntas: ¿hasta dónde llega la incompetencia de las
fuerzas del orden para proteger a la población y hasta donde la corrupción? Porque
¿Qué nos hace pensar que estas policías comunitarias podrán con la tarea de la
fuerzas policiales y fuerzas armadas? ¿Acaso cuentan con mayor preparación o
armamento para hacerle frente a los grupos organizados? Y ante todo esto, ¿Qué
piensan los pobladores de estas comunidades? ¿De verdad están más seguros? En
realidad nadie debería estar fuera de la ley, pues las consecuencias podrían
ser mayores que la solución.
En realidad las mayores preocupaciones son que
se sigan propagando estos grupos a comunidades donde la violencia esta golpeado
más fuerte, llegando así a controlar grandes áreas o que estos grupos se
conviertan en brazo armado o grupos paramilitares de políticos inescrupulosos
que solo los utilicen para sus intereses particulares o en manos del propio
crimen organizado. Es decir, corren el riesgo de convertirse en instrumento de
las mafias a las que pretenden combatir y a alejarse del fin con que
surguieron.
