Omar Carreón Abud
Al anochecer del pasado domingo 3 de
febrero, 23 días después de haber sido sacados a golpes de su casa, fueron
dejados en libertad los campesinos antorchistas José Maximino Rodríguez y sus
hijos, Luis y Jaime Maximino García, quienes permanecieron todo ese tiempo en
poder de la llamada “policía comunitaria” que opera en la zona del municipio de
Ayutla de los libres, Guerrero. En consecuencia, el plantón de los antorchistas
guerrerenses que se había instalado a las afueras del palacio de gobierno y las
marchas programadas para los días siguientes, fueron suspendidos, pero sólo
temporalmente, porque la exigencia de justicia ni se ha retirado ni se va a
retirar puesto que los delitos cometidos por los enmascarados de la “policía
comunitaria” permanecen impunes.
La verdad no puede ser sepultada y sale a la
luz. La llamada “policía comunitaria”, compuesta por supuestos libertadores y
garantes de la tranquilidad y la paz, trata a sus secuestrados como los
fascistas y los esbirros de las peores dictaduras. Ahora se sabe que en la
comunidad de “El Paraíso” del municipio de Ayutla, zona de tierra caliente, los
rehenes antorchistas estaban encerrados con otras 13 personas en un cuarto sin
ventanas de 4 x 4 metros, que se les daba de comer solamente una tortilla a las
10 de la mañana y otra a eso de las cinco de la tarde, que no les daban agua
para beber (hay gente que bebe orines para calmar la sed), que los obligaban a
partir leña y que sólo les permitían hacer sus necesidades fisiológicas una vez
al día. Se sabe, también que hay gente desesperada dispuesta a dejarse matar
para no seguir sufriendo, al grado que los carceleros, captando el riesgo de
una rebelión suicida, tuvieron que permitirle permanecer en el patio.
Los carceleros de la “policía comunitaria” que
mantuvo secuestrados a los campesinos antorchistas eran doce sujetos que se
relevaban cada 24 horas y estaban armados con escopetas calibre 12 de las
llamadas “chaqueteras”, calibre 16 y rifles 22 de varilla de 18 tiros. Durante
todo el tiempo que duró el cautiverio, los campesinos fueron amenazados
constantemente, pero no porque fueran sospechosos de delitos del fuero común y
se pretendiera hacer justicia, como sostiene que es su cometido la “policía
comunitaria”, sino diciéndoles que se los iba “a cargar la chingada por
antorchas”; nunca, jamás, se les mencionó ningún delito ni real ni inventado,
el carácter político de la embestida queda, pues, al desnudo. ¿Será este el
destino –u otro peor aún- de todos aquellos que los “policías comunitarios”
perredistas consideren sus opositores políticos? ¿El Khmer rojo criollo?
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| Policia Comunitaria, Guerrero. |
Pero hay más todavía. Ahora se sabe bien que la
gran mayoría de quienes fungen como vigilantes y carceleros de los secuestrados
está sumamente inconforme con los métodos y decisiones de los líderes de la
“policía comunitaria” (que ostentan camionetas Nissan seminuevas de doble
cabina); a los lugareños se les impone realizar estas “importantes” labores como
“faena obligatoria” y, si se niegan a obedecer, ellos mismos y sus mujeres, son
encarcelados; todo, obedeciendo, supuestamente, a “los usos y costumbres”.
Pero si alguien dudara todavía de las denuncias
públicas, de la verdad del antorchismo sobre este caso y sobre el peligro que
representa para todos los mexicanos, debo añadir que un día después de que el
panegirista principal de las “policías comunitarias”, el gobernador, Ángel
Aguirre Rivero, las encomiara públicamente asegurando que “las acciones de seguridad
implementadas por los grupos de autodefensa civil en contra de la delincuencia
organizada, han logrado la disminución palpable de los índices de inseguridad
en la región de la Costa Chica” (El Universal del sábado 2 de febrero), una
pacífica pareja de turistas fue agredida y herida a balazos “porque no se quiso
parar en un retén de la “policía comunitaria” instalado en la comunidad de Las
Mesas, del Municipio de San Marcos” (Reforma del domingo 3 de febrero). La
realidad aplasta a las declaraciones.
Ahora que 54 mexicanos, entre ellos, 3
antorchistas, han estado retenidos en condiciones salvajes, echo de menos a los
periodistas que exhiben una indignación santa por una marcha ocasional de
protesta “porque se secuestran las calles”, extraño las mesas redondas de
intelectuales que nos aleccionaron acerca de la inobjetable legalidad de la
liberación de Florence Cassez en aras del “debido proceso”, miro, ahora, con
extrañeza e indignación, como alguien que ha protestado cumplir y hacer cumplir
la ley, un gobernador como Ángel Aguirre Rivero, es el principal apologista de
delincuentes y anuncia públicamente que les va a regalar más armamento.
Pero no es el único gobernador cuyo respeto a
la ley, a la impartición de justicia y al castigo a peligrosos delincuentes, se
suma en los últimos días a la irritación acumulada de los mexicanos. Sumo mi
voz a la de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista que el pasado
viernes 1 de febrero publicó en la prensa nacional un desplegado reclamando
–nuevamente- a Eruviel Ávila Villegas, gobernador del estado de México, el
castigo a los homicidas, es decir, a los autores materiales y a los autores
intelectuales, de la muerte de seis compañeros que eran líderes de modestos
trabajadores del volante que sostienen un movimiento de resistencia en contra
de la embestida de Axel García Aguilera, poderoso monopolista del servicio de
transporte público en el estado de México. Hasta ahora, en lugar de que en el
estado de México aparezca la justicia pronta y expedita que preside toda la
teoría del derecho, los dirigentes antorchistas son obligados a acudir a una y
a otra oficina a “gestionar” la impartición de justicia y la acción del estado
en contra de conocidos transgresores de la ley. Seis muertos, ejecutados al día
siguiente de macabras entrevistas en las que los agresivos funcionarios (casos
de Edmundo Ranero Barrera y Jaer Hugo Banda Robles), se desempeñan como
operadores de la delincuencia organizada, y no se hace justicia. ¿Lenidad?
¿Omisión? ¿Complicidad?
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| Axel Garcia Aguilera. Pulpo camionero. |
Hago responsable de la integridad física y la
vida de los tres campesinos recientemente liberados y de la de sus dirigentes,
al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ya que sus peligrosos
captores, los amenazaron de muerte antes de liberarlos. Asimismo, hago responsable
al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, de la seguridad y
la vida de los compañeros, Héctor Javier Álvarez, líder de los antorchistas del
noroeste mexiquense y miembro del Comité Estatal, Miguel Ángel Ocampo Lara y
José Manuel Gutiérrez Hernández, líderes de transportistas, quienes corren el
grave riesgo de ser también masacrados, simple y sencillamente, porque en el
estado de México, los homicidas de los antorchistas gozan de total impunidad.
Morelia, Mich., a 5 de febrero de 2013
